Voy a ir compartiendo en varios posts distintas ideas, comentarios o reflexiones que voy apuntando durante este apasionante viaje por los Estados Unidos. Están siendo tres semanas muy intensas, con muchas reuniones con emprendedores, responsables públicos, universitarios, ONGs… para entender mejor cómo funcionan los mecanismos de apoyo a la pequeña empresa en los EEUU y cómo se crean los ecosistemas emprendedores fuera de Silicon Valley o Union Square.

Empiezo la serie comentando una ley federal que obliga a las administraciones públicas federales a conceder un 23 % de sus presupuestos a pequeñas empresas. Así, en los contratos es necesario indicar si el presupuesto será para empresas con una serie de características (facturación máxima o estar controladas por minorías) y las grandes empresas no pueden presentarse a esos concursos. A nivel estatal no existen leyes que obliguen a seguir esta tendencia, pero la mayor parte de los estados intentan acercarse al 23 % en sus contratos emulando a la administración federal.

Además, se han establecido iniciativas para facilitar los pagos de la administración a pequeñas empresas, reducir los requisitos burocráticos para presentarse a los concursos o conseguir certificaciones y fomentar las alianzas con empresas más grandes que tienen acceso a capital o investigación avanzada.

Eso sí, en todas partes cuecen habas y faltan penalizaciones por no cumplir con esta ley (aunque el cumplimiento está en torno al 20 % del presupuesto federal) y sigue habiendo muchas trabas para que las pequeñas empresas puedan optar con garantías a los concursos públicos. El principal reto es que las pequeñas empresas tengan suficiente capacidad financiera y operativa para enfrentarse a grandes contratos con un elevado nivel de exigencia.

De todos modos, es una ley interesante, que podríamos aplicar en España, para que todos los concursos tecnológicos no terminen en manos de las grandes consultoras a precios astronómicos.